Por Fabián Villarta

Una de ellas es el conocido “cien mil’i” por votar, una costumbre que, lejos de desaparecer, vuelve a aparecer en cada jornada electoral y que forma parte de una de las caras más cuestionadas de la política paraguaya.

Durante mucho tiempo, la práctica tuvo diferentes formas. Primero podía presentarse como una ayuda en forma de canasta básica de alimentos. Después llegaron los conocidos cupos de combustible y otras modalidades de asistencia durante las campañas. Hoy, en determinados lugares, el dinero en efectivo parece haberse convertido en la moneda de cambio más visible: 100.000 guaraníes por elector.

Cien mil guaraníes que, en una economía donde todo cuesta cada vez más, duran poco. Una suma que puede desaparecer rápidamente en una compra de supermercado, en combustible o en algunos gastos básicos de una familia.

Pero el problema no está solamente en el monto. Está en lo que representa.

Cuando el “ticket” se convierte en una obligación

Una de las escenas más llamativas de las jornadas electorales son las largas filas de personas esperando recibir lo que popularmente algunos denominan el “ticket”.

Lo paradójico es que, según los testimonios y escenas observadas durante estas jornadas, en algunos casos la molestia no aparece porque se haya intentado comprar un voto, sino porque el elector no recibió el dinero que esperaba.

Es decir, una práctica que debería ser denunciada termina siendo asumida por algunos como si fuera un derecho adquirido.

¿Dónde reclamar por el “cien mil’i” que supuestamente correspondía?

La pregunta parece absurda, pero refleja hasta qué punto determinadas prácticas pueden llegar a normalizarse dentro de la cultura electoral.

Y ahí está uno de los problemas más profundos: cuando una conducta ilegal termina siendo vista como parte natural de una elección, deja de generar indignación y comienza a generar expectativas.

De un lado y del otro

Esta situación tampoco debería convertirse en una discusión exclusivamente partidaria.

El fenómeno suele ser atribuido a los dos grandes partidos tradicionales del Paraguay, la ANR y el PLRA, pero cualquier denuncia concreta debería estar respaldada por pruebas y permitir identificar a los responsables.

La discusión de fondo es otra: ¿por qué todavía existe un mercado electoral en el que algunos sectores de la política consideran necesario entregar dinero para conseguir apoyo?

El Código Electoral establece que el voto debe ser libre, igual, secreto, personal e intransferible. Además, la legislación sanciona a quienes exijan un voto determinado mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas o recompensas.

Por eso, el famoso “cien mil’i” no puede ser presentado simplemente como una tradición electoral pintoresca. Cuando el dinero está condicionado al voto, estamos hablando de una práctica que choca directamente con los principios que deberían proteger la libertad del elector.

Rostros conocidos en las filas

Durante estas jornadas también resulta llamativa la presencia de personas conocidas en las filas destinadas al cobro.

Entre ellas pueden observarse ciudadanos de diferentes sectores sociales y, según lo observado y testimonios recogidos, incluso personas vinculadas al sector público.

Esto plantea otra pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando quienes tienen una responsabilidad dentro del Estado terminan participando de una práctica que la legislación electoral busca evitar?

Naturalmente, estar en una fila o recibir dinero no permite, por sí solo, determinar por quién votó una persona ni establecer responsabilidades jurídicas. El voto es secreto y cualquier acusación concreta debe ser investigada y probada por las autoridades correspondientes.

Pero como fenómeno social, la escena merece ser discutida.

¿Hasta cuándo?

Tal vez la pregunta más importante no sea cuánto vale actualmente el “cien mil’i”.

La pregunta debería ser: ¿cuándo vamos a dejar de ponerle precio al voto?

La Justicia Electoral dispone de normas específicas para sancionar la compra de voluntades electorales. El artículo 321 del Código Electoral contempla incluso pena de hasta dos años de penitenciaría y una multa de 300 jornales para quienes exijan el voto mediante dádivas o recompensas.

Entonces, el desafío no solamente está en que los organismos encargados de controlar y sancionar actúen cuando existan denuncias y pruebas. También está en que la sociedad deje de considerar normal aquello que la propia legislación prohíbe.

La contradicción del elector

Existe además una contradicción que como sociedad deberíamos tener el valor de reconocer.

Muchas veces escuchamos a ciudadanos reclamar contra la corrupción, denunciar el enriquecimiento de autoridades y cuestionar a políticos acusados de utilizar recursos públicos en beneficio propio.

Pero al mismo tiempo, algunos de esos mismos ciudadanos aceptan dinero a cambio de comprometer su voto.

La corrupción no comienza necesariamente en una oficina pública ni en una gran operación financiera.

También puede comenzar cuando alguien considera normal vender su voluntad por dinero.

Y aquí corresponde hacer una precisión: la responsabilidad no puede cargarse de la misma manera sobre quien tiene poder económico y político para comprar voluntades que sobre el ciudadano que recibe una suma de dinero en un contexto de necesidad. La responsabilidad de quienes organizan y financian estas prácticas merece un escrutinio especialmente riguroso.

Pero también es necesario reconocer que mientras exista quien compre y quien esté dispuesto a vender, el círculo difícilmente se romperá.

El verdadero cambio

Quizás el verdadero cambio político no llegue cuando aumente el monto del “cien mil’i”, ni cuando aparezca una nueva forma de repartir beneficios durante una campaña.

Llegará cuando el ciudadano pueda entrar a un cuarto oscuro y elegir libremente, sin esperar una recompensa, una bolsa de alimentos, combustible o dinero en efectivo.

Y cuando los políticos entiendan que un voto comprado puede servir para ganar una elección, pero difícilmente puede construir una democracia más sana.

La pregunta queda abierta:

¿Hasta cuándo vamos a aceptar que el voto tenga precio?

Y, sobre todo:

¿Cuándo vamos a dejar de reclamar por el “cien mil’i” que no nos pagaron y empezar a reclamar por una democracia en la que nadie tenga que pagarnos para ejercer nuestro derecho a votar?

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