El planteamiento fue expuesto por el concejal municipal Abog. Ivo Lezcano, quien señaló que la Municipalidad debería responder a los requerimientos formulados por los juzgados, aun cuando el inmueble involucrado registre deudas tributarias o de otro concepto municipal.

Según explicó, en un proceso de sucesión, por ejemplo, la avaluación fiscal del inmueble constituye un elemento necesario para que el juzgado pueda avanzar con el trámite y posteriormente resolver sobre la adjudicación de los bienes entre los herederos.

Lezcano sostuvo que la existencia de una deuda municipal no debería convertirse en un impedimento para proporcionar la información solicitada por la autoridad judicial. En caso de existir obligaciones pendientes, estas podrían ser consideradas posteriormente dentro del proceso correspondiente, especialmente al momento de la adjudicación o transferencia del inmueble.

“La Municipalidad tiene que recaudar, pero no puede ser un obstáculo. Un requerimiento del juez se tiene que responder”, señaló el concejal, al referirse al cuestionamiento planteado por profesionales del Derecho.

El edil explicó que, al iniciarse una sucesión, no necesariamente existe un acuerdo entre todos los sucesores respecto al destino del inmueble. Por ello, es finalmente el juez quien debe determinar, conforme al proceso judicial, cómo se resolverá la situación del bien.

Desde el sector de abogados se considera que la administración municipal debe cumplir con proporcionar la información requerida por los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de que las obligaciones tributarias pendientes sean posteriormente exigidas a quienes correspondan.

Lezcano indicó que este punto ya fue objeto de cuestionamientos ante la administración municipal, desde donde se habría argumentado que existen impedimentos para expedir determinados certificados cuando el inmueble registra deudas.

El debate plantea así la necesidad de compatibilizar la facultad de la Municipalidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el deber de atender los requerimientos realizados por los juzgados dentro de procesos judiciales.

La discusión adquiere especial importancia para abogados y ciudadanos que recurren a la Justicia para tramitar sucesiones, adjudicaciones y otros procedimientos civiles relacionados con propiedades.

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